Con un dolor agudo en la espalda. Así empezó el calvario de Pepe Espino (Barcelona, 54 años) en el 2020. Poco tiempo después, y tras una resonancia, no solo supo que padecía cáncer de próstata en estadio IV, sino que se le había extendido por huesos, pulmones y partes blandas. Por un tiempo, nada menos que dos años y medio, siguió acudiendo al trabajo. Aunque llegó un momento en que se hizo insostenible tanto por la gravedad de la patología como por los efectos secundarios del tratamiento hormonal paliativo que sigue.
En noviembre, después de estar dos años y medio de baja, el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) lo convocó para valorar su incapacidad. Él acudió con los informes de los oncólogos del hospital Clínic que lo tratan desde el primer día en los que se explicita que está inhabilitado para realizar cualquier actividad laboral. ¿El fallo del tribunal? Alta médica y a trabajar.
Su caso es atípico por su juventud. Le diagnosticaron la patología con 48 años. Desde entonces, sigue una medicación hormonal en el Clínic. Cada cuatro semanas se somete a unas analíticas y, si el resultado es positivo, le entregan la medicación para el mes siguiente.
El tratamiento consiste también en una inyección cada seis meses que supone una castración química –para que la testosterona esté a cero–, lo que le provoca descalcificación ósea y, a su vez, rigidez articular en manos y pies. "A mí me afecta más en las manos", confiesa Pepe a La Vanguardia. Incluso alguna vez ha tenido que someterse a infiltraciones porque los dedos centrales de la mano derecha se le habían quedado curvados y rígidos (dedo en gatillo).
La medicación, además, le origina un cansancio continuo, dolor agudo en los pezones –al tratarse de un tratamiento hormonal– y efectos cognitivos. "Cada vez tengo menos memoria". Y todo esto, junto con la incertidumbre de no saber cómo evolucionará la patología, le produce ansiedad.
Pese a su delicada situación, estuvo trabajando durante dos años y medio. Pero llegó un momento en que no pudo más. Para entonces, ejercía de director de ventas de una marca deportiva, lo que suponía gestionar un equipo de ventas, viajes... En suma, mucho estrés.
Después de estar dos años y medio de baja, el pasado 28 de noviembre el ICAM lo convocó para una evaluación. Él estaba convencido de que el veredicto sería favorable. Los médicos del Clínic le transmitieron tranquilidad afirmando que no habían visto ningún caso parecido al que no le hubieran otorgado la incapacidad permanente.
Contaba además con un informe, entre otros, de su oncóloga en el que se detalla que es un paciente con un cáncer de próstata en estadio IV con metástasis ósea, pulmonar y en partes blandas y que sigue un tratamiento hormonal paliativo cuyos síntomas "le impiden realizar cualquier actividad laboral".
Pues bien, el tribunal médico falló en su contra y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en consecuencia, le denegó la pensión de incapacidad permanente.
Pepe explica que, durante la visita, las doctoras del tribunal médico le recordaron que estaba respondiendo al tratamiento y que el TAC mostraba una reducción de los valores tumorales. Él les confirmó que así era, si bien continuaba medicándose cada día y no tenía el alta del tratamiento paliativo que sigue. "Ojalá fuera así", exclama.
Sabe –así se lo ha dicho su oncóloga– que llegará un día en que la medicación que toma dejará de funcionar: las células cancerígenas habrán aprendido a burlarla y volverán a aparecer. "No es una situación en que ya se ha superado la patología", recuerda.
Lamenta que 20 minutos de entrevista pesen más que cinco años de tratamiento continuado. "Parece que los informes del equipo médico que me lleva sean papel mojado. Estoy indignado".
Ya ha presentado un recurso frente al fallo (tenía 30 días para hacerlo). "Me he tenido que poner en manos de abogados", explica. Y lo más llamativo: oficialmente, está de vacaciones. Tendría que haberse reincorporado a su puesto de trabajo tras la decisión de la Seguridad Social, pero la empresa le dijo que por el momento se cogiera las vacaciones que tiene pendientes.
"El recurso no se lo mirará nadie", asevera Jaume Cortés, abogado del Col·lectiu Ronda que representa a Pepe. "Es un trámite administrativo. No hay ningún organismo que revise realmente el caso por parte del INSS".
Si este no prospera, "que es lo más factible", Pepe tendrá que realizar una demanda de invalidez contra el INSS "y esperar unos dos años a que le den fecha para el juicio, que hay muchas posibilidades de que gane", añade este letrado.
Cortés lamenta que durante estos dos años, su cliente "tendría que incorporarse a un trabajo que no puede hacer, por lo que seguramente la empresa lo despedirá, quedándose con 54 años enfermo, sin empleo y sin posibilidades de trabajar". Esgrime que es bastante habitual que se den estos casos, aunque el de Pepe "es flagrante".
Haciendo pública su situación, Pepe no solo quiere que se conozca su caso, sino que sirva para que haya cambios en el ICAM. "Hay que poner fin a este despropósito", concluye.